¿Qué es la remediación minera y por qué es responsabilidad del Estado?

La remediación minera es el conjunto de acciones técnicas, legales y administrativas destinadas a corregir, controlar o reducir los daños ambientales causados por la actividad minera, como suelos contaminados, aguas afectadas, relaves abandonados o pasivos ambientales que no fueron atendidos oportunamente.

El Estado tiene un papel central porque es el garante del interés público, del derecho a un ambiente sano y del cumplimiento de las leyes ambientales. Además, muchos impactos mineros pueden persistir durante décadas o incluso siglos, por lo que no pueden quedar únicamente bajo la responsabilidad voluntaria de las empresas. La CEPAL subraya que la gestión y supervisión estatal de la remediación es clave para evitar que estos pasivos se conviertan en riesgos permanentes para la salud y los ecosistemas.

¿Por qué es clave la supervisión estatal en la remediación minera?

La supervisión del Estado es fundamental porque:

• Protege la salud humana y los recursos naturales.

• Reduce riesgos ambientales de largo plazo.

• Da seguridad jurídica a empresas y comunidades.

• Evita que los costos de la contaminación recaigan sobre la sociedad.

Según la CEPAL, una supervisión pública eficaz permite internalizar los costos ambientales de la minería, evitar conflictos sociales y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, especialmente en países con alta dependencia de recursos naturales.

Funciones clave del Estado en la supervisión de la remediación minera

A. Establecer un marco legal e institucional claro

La primera responsabilidad del Estado es crear leyes y regulaciones que definan obligaciones claras para las empresas mineras en materia de cierre y remediación. Estas normas establecen quién es responsable, qué estándares deben cumplirse y qué sanciones se aplican si no se actúa correctamente.

Un ejemplo es Perú, donde la Ley N.º 28271 regula los pasivos ambientales mineros y obliga a identificar, controlar y remediar los impactos generados por la actividad minera. Este tipo de legislación reduce la discrecionalidad y fortalece la seguridad ambiental. La CEPAL recomienda que estos marcos incluyan criterios técnicos, económicos y sociales para priorizar proyectos de remediación.

B. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento ambiental

No basta con que la ley exista: el Estado debe verificar que se cumpla. Esto implica:

• Inspecciones técnicas en campo.

• Auditorías ambientales.

• Seguimiento de indicadores como calidad del agua, estabilidad de relaves y recuperación del suelo.

• Evaluación del cumplimiento de planes de cierre y remediación.

La supervisión continua garantiza que la remediación sea real y efectiva, y no solo un compromiso en documentos.

C. Asegurar financiamiento cuando no hay responsables

En muchos casos, la empresa que generó el daño ya no existe o no tiene capacidad financiera. En estas situaciones, el Estado debe intervenir mediante fondos públicos, instrumentos especiales o empresas estatales de remediación.

La CEPAL destaca que los gobiernos necesitan autoridad para recuperar costos, imponer sanciones y definir estándares de calidad, asegurando que la remediación proteja la salud humana y el ambiente de forma efectiva.

D. Coordinar instituciones y actores

La remediación minera no es tarea de una sola entidad. Requiere coordinación entre ministerios de minería, medio ambiente, salud, hacienda y gobiernos locales. También puede involucrar a universidades, comunidades y organismos internacionales.

Un ejemplo es el caso de Cotuí, en República Dominicana, donde el Ministerio de Energía y Minas creó una comisión técnica interinstitucional para supervisar acciones de saneamiento ambiental, integrando distintas dependencias del Estado y fortaleciendo la vigilancia pública.

E. Integrar la remediación a políticas ambientales más amplias

Las mejores prácticas internacionales recomiendan que la remediación no se trate como un proceso aislado, sino como parte del ciclo de vida completo de la minería. El International Institute for Sustainable Development (IISD) señala que los gobiernos deben incorporar la remediación desde la planificación del proyecto, pasando por la operación, hasta el cierre y el monitoreo posterior.

Ejemplo destacado: Perú y la gestión pública de pasivos ambientales

En Perú, el Estado creó Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), una empresa pública encargada de remediar pasivos ambientales mineros sin responsable identificado. AMSAC ejecuta proyectos en varias regiones del país y coordina con entidades técnicas y ambientales del Estado.

Informes oficiales muestran que proyectos como Excélsior, Caridad y Pushaquilca evidencian que una gestión estatal bien organizada puede recuperar territorios degradados, reducir riesgos ambientales y generar beneficios sociales para las comunidades cercanas.

Principios que deben guiar la supervisión estatal

Una supervisión eficaz se basa en:

• Responsabilidad ambiental: aplicar el principio de “quien contamina paga”.

• Transparencia: acceso público a información ambiental y resultados de remediación.

• Participación ciudadana: inclusión de comunidades en la planificación y evaluación.

Estos principios fortalecen la confianza pública y la legitimidad de las acciones del Estado.

Desafíos actuales para los Estados

A pesar de los avances, persisten retos importantes:

• Falta de recursos técnicos y humanos en agencias de supervisión.

• Vacíos normativos o regulaciones poco específicas.

• Débil coordinación interinstitucional.

Estos desafíos, señalados en estudios especializados y auditorías ambientales, limitan la capacidad de los Estados para ejercer una supervisión plenamente efectiva.

El rol del Estado en la supervisión de la remediación minera es irremplazable. Diseñar leyes claras, fiscalizar su cumplimiento, asegurar financiamiento, coordinar instituciones y promover la participación ciudadana son funciones esenciales para que la remediación no sea solo una promesa, sino una realidad.

Una supervisión estatal activa y técnica protege el ambiente, la salud y el bienestar de las comunidades, y permite que la minería sea compatible con un desarrollo sostenible y responsable a largo plazo.

Te podría interesar: Minería responsable en República Dominicana: protegiendo agua y suelos