Introducción al marco legal minero dominicano

La minería en República Dominicana se desarrolla bajo un marco legal que busca regular el aprovechamiento responsable de los recursos minerales, equilibrando los intereses económicos con la protección ambiental y los derechos de las comunidades. Este sistema normativo define las concesiones, los permisos, las responsabilidades de las empresas y la fiscalización estatal en cada fase del ciclo minero.

Principales normas que rigen la minería en el país

El fundamento legal de la minería dominicana es la Ley No. 146-71 de Minería , promulgada en 1971, la cual establece las disposiciones generales para la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales. Esta ley declara que “todos los yacimientos mineros del territorio nacional pertenecen al Estado” (art. 1, Ley 146-71), y su aprovechamiento se realiza mediante concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según el Ministerio de Energía y Minas , la ley contempla cuatro tipos de concesiones mineras:

1. Concesión de reconocimiento: autorización estudios preliminares de superficie sin derecho de exclusividad.
2. Concesión de exploración: permite trabajos geológicos, perforaciones y análisis para determinar la viabilidad de un yacimiento. Tiene un período inicial de tres años, prorrogable una vez por igual tiempo (art. 27, Ley 146-71).
3. Concesión de explotación: otorga el derecho exclusivo de extraer y beneficiar el mineral, con un plazo que puede alcanzar hasta 75 años (arts. 149 y ss., Ley 146-71).
4. Concesión de beneficio: para instalaciones de procesamiento y emisión de minerales.

Además, la Ley 146-71 establece obligaciones fiscales como el pago de patentes mineras, regalías y otros impuestos sobre la producción.

Reglamentos y normativas complementarias

El régimen minero se complementa con su Reglamento de Aplicación No. 207-98 , que detalla los procedimientos para solicitud, otorgamiento, prórroga, cesión y cancelación de concesiones, así como los requisitos técnicos y legales que deben presentar las empresas ante la Dirección General de Minería.

Por su parte, la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Reglamento 371-22 establecen los requisitos de evaluación de impacto ambiental, estudios de línea base, planos de manejo y cierre de mina, con el objetivo de prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales de la actividad minera. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ningún proyecto minero puede iniciar operaciones sin su licencia ambiental correspondiente.

Órganos reguladores

El marco legal minero dominicano se implementa y fiscaliza a través de varias instituciones:

• Ministerio de Energía y Minas (MEM): autoridad principal en materia minera, responsable de la política, regulación y concesiones.
• Dirección General de Minería (DGM): dependencia técnica del MEM encargada de la evaluación, seguimiento y supervisión de las concesiones mineras.
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: responsable de las evaluaciones ambientales y del otorgamiento de licencias y permisos ambientales.
• Dirección General de Impuestos Internos (DGII): supervisa el pago de tributos mineros.

Hacia un nuevo marco regulatorio

Actualmente, se discute en el país la revisión y actualización de la Ley No. 146-71 , con el objetivo de adecuarlo a los estándares internacionales en materia ambiental, social y de transparencia, y responder a los desafíos actuales de sostenibilidad, consulta previa y distribución equitativa de los beneficios mineros.

Según el Ministerio de Energía y Minas, un nuevo proyecto de ley buscaría “modernizar el régimen minero, fortalecer la fiscalización y garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector”.

El marco legal minero dominicano constituye la base para un sector que aporta divisas, empleos e inversiones significativas al país. Sin embargo, su fortalecimiento y modernización serán clave para promover una minería responsable, competitiva y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.