La gobernanza minera sostenible es el conjunto de reglas, instituciones y prácticas que permiten explotar recursos minerales de forma responsable, evitando daños ambientales, garantizando beneficios para las comunidades y fortaleciendo la economía nacional. En palabras simples: es la manera en que un país organiza su minería para que producir riqueza sin destruir el entorno ni perjudicar a las personas .

¿Por qué es importante para la vida, la economía y el ambiente?

La minería genera empleos, ingresos fiscales y divisas. Pero también puede causar contaminación, conflictos sociales y pérdida de biodiversidad si no se gestiona adecuadamente. Por eso, organismos como el Banco Mundial señalan que “la gobernanza integrada —marcos legales sólidos, catastros confiables y transparencia como EITI— reduce la corrupción, mejora la asignación de concesiones y facilita la sostenibilidad del sector” (Banco Mundial).

Para países como República Dominicana, que poseen oro, plata, cobre y minerales industriales, mejorar la gobernanza no solo evita riesgos, sino que incrementa la confianza de inversionistas, comunidades y autoridades .

Pilares de una minería moderna: lo que muestra la evidencia

1. Gobernanza transparente y participación comunitaria

Modelos como Canadá y Australia han demostrado que los acuerdos formales entre empresas y comunidades —Impact & Benefit Agreements (IBAs)— estabilizan la licencia social y generan beneficios locales verificables . Según la Mining Association of Canada , estos acuerdos han sido claves para reducir conflictos y asegurar empleos comunitarios.

Ejemplo práctico:
En Canadá, las comunidades indígenas negocian directamente empleo, compras locales, fondos de desarrollo y mecanismos de monitoreo. Esto evita decisiones unilaterales y promueve relaciones de largo plazo.

2. Sistemas sólidos de cierre y rehabilitación ambiental

Australia y Finlandia exigen que toda empresa minera presente planes de cierre financiados mediante garantías económicas. Esto obliga a que el costo de restaurar un área degradada se asuma desde el inicio.
El Departamento de Industria de Australia afirma que estos regímenes “reducen los pasivos fiscales y ambientales a futuro” (industry.gov.au).

Ejemplo práctico:
Si una empresa abandona antes de tiempo una mina, el Estado utiliza la garantía financiera para recuperar el terreno sin cargar el costo al contribuyente.

3. Captura de valor y modelos de participación pública

Botswana es uno de los casos más citados. Su empresa mixta Debswana , operada junto a De Beers, permitió que el Estado se beneficiara directamente de la renta diamantífera.
Según Debswana, este modelo de financiación de la educación, infraestructura y crecimiento económico sostenido .

Ejemplo práctico:
En lugar de depender solo de impuestos, el Estado recibe dividendos, información estratégica y capacidad de decisión.

4. Valor agregado y cadenas productivas

Chile y Finlandia destacan por impulsar políticas que eviten quedarse solo con la exportación de mena. De acuerdo con ScienceDirect , los países que integran políticas industriales y estrategia minera capturan más valor agregado , fomentando empleos especializados y tecnología.

Ejemplo práctico:
Chile ha promovido el desarrollo de industrias que utilizan cobre y litio en manufacturas y tecnología, aumentando el beneficio económico interno.

Cinco modelos internacionales y lo que pueden aportar a República Dominicana

Chile: institucionalidad ambiental y encadenamiento productivo

Fortaleció la evaluación ambiental y ha diseñado estrategias para procesar minerales críticos.
Lección para RD: combinar minería con políticas industriales y fortalecer la fiscalización.

Canadá: acuerdos con comunidades e inclusión

Los IBA y los procesos de consulta han reducido conflictos y aseguran beneficios locales.
Lección para RD: formalizar acuerdos en zonas sensibles y transparentar compromisos.

Australia: garantías financieras y buenas prácticas

Exige bonos de cierre y rehabilitación progresiva.
Lección para RD: proteger las finanzas públicas y evitar pasivos ambientales.

Botsuana: coparticipación estatal con gobernanza

Debswana permitió mayor recuperación de alquiler.
Lección para RD: modelos mixtos solo funcionan con gobernanza fuerte y transparencia.

Finlandia: investigación, circularidad y estándares técnicos

Integra I+D y economía circular en su política minera.
Lección para RD: invertir en geociencia y tecnología para elevar el valor agregado.

Qué puede adoptar República Dominicana: prioridades realistas

1. Catastro público + transparencia EITI (prioridad alta)

Publicar polígonos, concesiones y beneficiarios finales.
Esto reduce la discrecionalidad y aumenta la confianza.

2. Acuerdos comunitarios adaptados al país (prioridad alta)

Diseñar un marco legal para IBAs dominicanos, con estándares mínimos:
– empleo local,
– compras a pymes,
– monitoreo conjunto,
– fondos comunitarios auditados.

3. Garantías financieras de cierre (prioridad media-alta)

Evitar que el Estado termine pagando la recuperación ambiental.

4. Políticas de valor agregado (prioridad media)

Incentivar refinerías, plantas de procesamiento y fabricación asociadas.

5. Manuales de buenas prácticas ambientales (prioridad media)

Basados ​​en Australia y Finlandia: agua, relaves, seguridad, rehabilitación.

6. Participación estatal solo con gobernanza fuerte (prioridad baja-media)

Tomar el ejemplo de Botswana, pero con cautela institucional.

7. Inversión en I+D geocientífica (prioridad media)

Fortalecer institutos y crear laboratorios que reduzcan la dependencia externa.

Riesgos a evitar

• Copiar modelos sin considerar la realidad institucional local.

• Depender solo de la renta minera sin diversificar la economía.

• Crear marcos formales que no cuenten con supervisión real.
  Organismos como el Banco Mundial y la Asociación Minera de Canadá destacan que la sostenibilidad depende tanto de leyes como de su implementación efectiva .

La República Dominicana puede construir una minería más sostenible si avanza en transparencia, participación comunitaria y responsabilidad ambiental. Las experiencias de Chile, Canadá, Australia, Botswana y Finlandia demuestran que sí existen modelos comprobados que equilibran beneficios económicos con protección social y ambiental.

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