Construir confianza: el gran desafío de los proyectos extractivos

En el sector extractivo, la confianza se ha convertido en uno de los factores más determinantes para la estabilidad y sostenibilidad de los proyectos mineros, petroleros y energéticos. Más allá de los permisos legales o de la viabilidad económica, organismos internacionales coinciden en que un proyecto necesita legitimidad social para operar de manera sostenible en el tiempo. En términos simples, construir confianza significa lograr que las comunidades, instituciones y distintos actores perciban que el proyecto actuará con transparencia, responsabilidad ambiental y beneficios compartidos.

El Banco Mundial define esta confianza como parte de la llamada “licencia social para operar”, entendida como “la aceptación continua de una actividad por parte de las comunidades y actores involucrados” (World Bank, The Growing Role of Community Consent in Mining Projects, 2018). Aunque no es un documento legal, influye directamente en la viabilidad de las operaciones y en la reducción de conflictos sociales.

La importancia de este tema ha crecido especialmente en América Latina, donde las actividades extractivas representan una fuente importante de exportaciones e ingresos fiscales, pero también generan debates relacionados con agua, medio ambiente y desarrollo territorial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que muchos conflictos socioambientales no surgen únicamente por la existencia de proyectos extractivos, sino por “déficits de participación, información y transparencia institucional” (CEPAL, Panorama de los recursos naturales en América Latina y el Caribe, 2022).

Uno de los primeros pasos para construir confianza es garantizar acceso claro y oportuno a la información. Las comunidades suelen demandar explicaciones comprensibles sobre posibles impactos ambientales, uso del agua, generación de empleo y beneficios económicos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que la transparencia es fundamental para reducir incertidumbre y fortalecer la legitimidad institucional (PNUD, Extractive Industries and Sustainable Development, 2016). Esto implica no solo publicar datos técnicos, sino traducirlos en formatos accesibles para la población.

Por ejemplo, si una empresa minera presenta un estudio ambiental de cientos de páginas lleno de lenguaje técnico, pero no explica de manera sencilla cómo protegerá las fuentes de agua cercanas, es probable que aumente la desconfianza. En cambio, cuando existen espacios de diálogo comunitario y comunicación permanente, la percepción social suele mejorar.

La participación temprana también es clave. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que muchos conflictos se intensifican cuando las comunidades sienten que fueron informadas demasiado tarde o que las decisiones ya estaban tomadas antes de consultarles (BID, Industrias extractivas y desarrollo sostenible, 2020). Por eso, los organismos multilaterales recomiendan procesos participativos desde las primeras etapas del proyecto, incluyendo consultas, reuniones comunitarias y mecanismos de retroalimentación.

Otro elemento central es la gestión ambiental creíble. La confianza aumenta cuando existen sistemas de monitoreo transparentes y verificables sobre calidad del agua, emisiones o manejo de residuos. En algunos países de América Latina, proyectos extractivos han implementado monitoreo participativo, donde representantes comunitarios participan junto a técnicos y autoridades en la supervisión ambiental. Según el Banco Mundial, este tipo de iniciativas contribuye a reducir asimetrías de información y fortalecer la percepción de control social.

La distribución de beneficios económicos también influye directamente en la confianza. Las comunidades suelen evaluar si el proyecto genera empleo local, contratación de proveedores nacionales, infraestructura o inversión social en el territorio. El BID destaca que la percepción de desigualdad en la distribución de beneficios puede debilitar la legitimidad social de los proyectos extractivos.

En República Dominicana, el debate sobre confianza y proyectos extractivos ha ganado relevancia en paralelo con las discusiones sobre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. Instituciones como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen la responsabilidad de supervisar permisos, evaluaciones ambientales y cumplimiento regulatorio. Además, el país participa en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD), mecanismo internacional que promueve la divulgación de información sobre pagos, contratos e ingresos del sector extractivo.

Sin embargo, los organismos internacionales advierten que la confianza no se construye únicamente con normas o informes técnicos. La CEPAL señala que la legitimidad social depende también de la percepción pública sobre la capacidad del Estado para fiscalizar y hacer cumplir las regulaciones ambientales. Cuando las instituciones son percibidas como débiles o poco transparentes, la desconfianza hacia los proyectos suele aumentar.

La experiencia internacional muestra además que la confianza puede perderse rápidamente. Accidentes ambientales, incumplimientos sociales o falta de comunicación pueden deteriorar relaciones construidas durante años. Por eso, el PNUD subraya que la confianza debe entenderse como un proceso continuo y no como una meta alcanzada de manera permanente.

Un ejemplo concreto de construcción de confianza puede verse en proyectos donde existen mesas de diálogo permanentes entre comunidades, autoridades y empresas, acompañadas de monitoreo ambiental público y programas de desarrollo local. En varios casos documentados por organismos multilaterales, estas estrategias han contribuido a reducir tensiones y mejorar la estabilidad operativa.

La transición energética global también está incrementando la importancia de este tema. El Banco Mundial estima que la demanda de minerales críticos para tecnologías limpias aumentará considerablemente en las próximas décadas (Minerals for Climate Action, 2020). Esto significa que la minería seguirá siendo estratégica para la economía mundial, pero también que las exigencias sociales y ambientales serán cada vez mayores.

En síntesis, construir confianza alrededor de un proyecto extractivo implica mucho más que obtener permisos legales. Requiere transparencia, participación temprana, monitoreo ambiental creíble, beneficios compartidos y capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de las normas. La evidencia de organismos como el Banco Mundial, CEPAL, BID y PNUD muestra que la sostenibilidad de los proyectos depende tanto de la calidad técnica de las operaciones como de la fortaleza de las relaciones entre empresas, Estado y comunidades. En un contexto donde la sociedad exige mayor información y participación, la confianza se ha convertido en uno de los activos más importantes para cualquier actividad extractiva.