Minería y percepción ambiental: ¿qué pesa más en la República Dominicana?

La minería es una de las actividades económicas más debatidas en la República Dominicana. Aunque existe un marco legal que regula sus impactos ambientales, la percepción social sobre los riesgos ecológicos suele tener un peso determinante en la opinión pública. ¿Por qué ocurre esto y qué factores influyen en que la percepción ambiental sea, muchas veces, más fuerte que los datos técnicos oficiales?

¿Qué es la percepción ambiental en la minería?

La percepción ambiental se refiere a cómo las personas interpretan y sienten los efectos de una actividad económica sobre su entorno natural y su calidad de vida. En palabras simples, es la valoración que hacen las comunidades y la sociedad sobre si una actividad —como la minería— cuida o pone en riesgo el agua, la tierra, la salud y los ecosistemas, más allá de lo que dicen los informes técnicos.

¿Por qué este tema es importante?

La minería tiene impactos directos en la economía, el medio ambiente y la vida humana, especialmente en comunidades rurales cercanas a los proyectos extractivos. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el sector minero aporta alrededor del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca del 7 % del producto bruto industrial, además de ser uno de los principales rubros de exportación del país.

Sin embargo, cuando existen dudas sobre la protección del agua, los suelos o la salud, la percepción ambiental puede influir más que las cifras económicas, condicionando la aceptación social de la minería y las decisiones de política pública.

El marco normativo ambiental dominicano

La Ley 64-00: la base legal

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No. 64-00) es el principal marco jurídico ambiental del país. Su objetivo es “asegurar la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales”, y establece que toda actividad con potencial impacto ambiental —incluida la minería— debe someterse a evaluaciones de impacto ambiental, planes de mitigación y controles oficiales.

En teoría, esto significa que ningún proyecto minero puede operar sin cumplir con requisitos ambientales y sin la supervisión del Estado.

Evidencia técnica y percepción social: el caso Pueblo Viejo

Un ejemplo concreto

La mina Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez, es la operación minera más grande del país y un caso emblemático en el debate ambiental. Documentos técnicos y reportes institucionales han señalado riesgos asociados al drenaje ácido de mina y a la posible presencia de metales pesados en cuerpos de agua si no se gestionan adecuadamente los residuos.

Para muchas comunidades cercanas, estas preocupaciones se traducen en experiencias concretas: temor por la calidad del agua, afectaciones percibidas en la agricultura o cambios en el entorno natural. Aunque existen estudios técnicos y autorizaciones ambientales, la dificultad para acceder a esa información de forma clara y comprensible refuerza la percepción de riesgo.

Datos oficiales disponibles… y sus limitaciones

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales publica estadísticas ambientales periódicas sobre agua, biodiversidad y otros indicadores. No obstante, estos informes no siempre presentan datos específicos y comparables sobre impactos ambientales de la minería metálica a nivel local, ni están diseñados para públicos no técnicos.

Esta brecha informativa hace que, para muchas personas, la percepción ambiental se base más en la experiencia cotidiana y en la incertidumbre que en datos oficiales difíciles de interpretar.

¿Qué pesa más: la percepción o la evidencia regulatoria?

Dos miradas que chocan

• La percepción comunitaria suele construirse a partir de vivencias directas: cambios en el agua, en la tierra o en la producción agrícola.

• La evidencia institucional se apoya en leyes, permisos ambientales y evaluaciones técnicas que, aunque existen, no siempre son visibles o comprensibles para la ciudadanía.

Cuando estas dos miradas no dialogan, la percepción ambiental tiende a pesar más en el imaginario público, incluso por encima de los marcos normativos vigentes.

Percepción ambiental y desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible busca equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social. En el caso de la minería dominicana, este equilibrio se ve tensionado cuando la información ambiental no se comunica de manera clara, accesible y oportuna. Así, aunque el sector genere ingresos y empleo, la percepción de riesgo ambiental puede dominar el debate público.

La República Dominicana cuenta con un marco legal ambiental sólido, encabezado por la Ley 64-00, que obliga a evaluar y mitigar los impactos de la minería. Sin embargo, la percepción ambiental suele pesar más que la evidencia institucional cuando existen brechas de información, dificultades de acceso a estudios técnicos y experiencias locales de incertidumbre.

Fortalecer la divulgación pública de datos ambientales, traducir los estudios técnicos a lenguaje sencillo y promover espacios de diálogo con las comunidades son acciones clave para equilibrar percepción y evidencia. Solo así la minería podrá evaluarse de forma más informada y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible del país.

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