Cierre de minas: un tema poco discutido en República Dominicana

El cierre de una mina suele pasar desapercibido en el debate público, pese a que es una de las etapas más determinantes para la sostenibilidad ambiental y social de la actividad minera. En República Dominicana, aunque existe un marco ambiental general, el cierre de minas sigue siendo un asunto técnico con baja visibilidad ciudadana y limitada regulación específica.

¿Qué es el cierre de minas?

El cierre de minas es el conjunto de acciones que se realizan cuando una operación minera deja de extraer minerales. En palabras sencillas, se trata de dejar el terreno en condiciones seguras y estables, reducir impactos ambientales, manejar residuos y permitir que la zona pueda tener un uso futuro, ya sea ecológico, productivo o comunitario.

Organismos internacionales como la CEPAL definen el cierre como una etapa que debe planificarse desde el inicio del proyecto minero y no solo cuando la mina deja de operar, incorporando medidas ambientales, sociales y financieras para evitar pasivos a largo plazo.

¿Por qué el cierre de minas es importante?

El cierre responsable tiene impactos directos en la vida humana, el medio ambiente y la economía local. Una mina abandonada sin control puede contaminar aguas, degradar suelos y generar riesgos para comunidades cercanas. En cambio, un cierre bien ejecutado:

• Previene pasivos ambientales que pueden durar décadas.

• Protege fuentes de agua y ecosistemas.

• Permite nuevos usos del territorio, como agricultura o conservación.

• Reduce conflictos sociales tras el fin de la actividad extractiva.

Según la CEPAL, “la falta de planificación del cierre es una de las principales causas de pasivos ambientales mineros en América Latina”, lo que evidencia su relevancia para el desarrollo sostenible.

El marco normativo dominicano: avances y vacíos

Una regulación ambiental general, pero no específica

En República Dominicana, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) obliga a que toda actividad con impacto ambiental incluya medidas de mitigación, rehabilitación y seguimiento. Esto aplica también a la minería, mediante los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Sin embargo, el país no cuenta aún con una ley específica de cierre de minas. El propio Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha reconocido que la Ley Minera 146-71, vigente desde 1971, requiere actualización. De acuerdo con anuncios oficiales, la nueva política minera en elaboración contempla incorporar normas más claras sobre cierre y sostenibilidad.

Transparencia sin foco en el cierre

La participación dominicana en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) ha mejorado la divulgación de datos sobre ingresos, exportaciones y contratos mineros. No obstante, los informes EITI se concentran en la transparencia fiscal y no desarrollan de forma específica información sobre planes de cierre y poscierre.

¿Por qué el cierre de minas casi no se discute?

Predominio del enfoque económico

Los informes y comunicados oficiales sobre minería suelen destacar cifras de exportaciones, inversión extranjera y aportes fiscales. Por ejemplo, el sector minero ha representado históricamente una parte relevante de las exportaciones nacionales, pero estos datos rara vez se acompañan de información pública sobre qué ocurre cuando una mina termina su vida útil.

Un tema técnico y de largo plazo

El cierre de minas es complejo y técnico. Aunque funcionarios dominicanos han participado en talleres regionales organizados por la CEPAL sobre cierre y poscierre, estos espacios han sido especializados y poco visibles para la ciudadanía.

Otras prioridades en el debate público

Las discusiones nacionales suelen centrarse en impactos ambientales inmediatos, conflictos comunitarios o expansiones de proyectos mineros. El cierre, al ocurrir al final del ciclo productivo, queda relegado, aunque sus efectos se sienten durante muchos años.

Ejemplos que ayudan a entender su importancia

Un ejemplo ilustrativo es Pueblo Viejo, donde antes de la reapertura del proyecto en los años 2000 se ejecutaron trabajos de remediación ambiental de una operación anterior. La limpieza de suelos contaminados y el manejo de aguas ácidas fueron condiciones necesarias para permitir una nueva explotación bajo estándares más estrictos.

Este caso muestra que el cierre y la rehabilitación no son opcionales, sino un requisito para reducir riesgos ambientales acumulados y viabilizar decisiones futuras sobre el territorio.

¿Qué implicaría dar más atención al cierre de minas?

Organismos multilaterales recomiendan tres líneas clave:

• Planificación temprana: integrar el cierre desde el diseño del proyecto minero.

• Garantías financieras: asegurar fondos específicos para ejecutar el cierre, incluso si la empresa deja de operar.

• Transparencia y participación: publicar planes de cierre, cronogramas y resultados de monitoreo ambiental para fortalecer la confianza social.

La CEPAL subraya que estos elementos son esenciales para una gobernanza minera moderna y alineada con el desarrollo sostenible.

El cierre de minas es una etapa crítica del ciclo minero, pero sigue siendo poco discutida en República Dominicana. Aunque existe un marco ambiental general y compromisos institucionales en proceso de actualización, la ausencia de una regulación específica y de información pública accesible ha limitado su presencia en el debate nacional.

Dar mayor visibilidad al cierre de minas permitiría anticipar riesgos, proteger mejor el ambiente y fortalecer la confianza entre Estado, empresas y comunidades. Incorporar este tema de forma clara en la nueva política minera, con datos públicos y reglas precisas, es un paso clave para avanzar hacia una minería verdaderamente sostenible.

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