La regalía minera es un pago que las empresas hacen al Estado por extraer recursos naturales no renovables. En palabras simples, es la compensación que recibe el país —y, en ciertos casos, los municipios— por permitir que un privado explote minerales de su territorio. En República Dominicana, este pago está establecido en la Ley Minera No. 146-71, que fija una regalía del 5% sobre el valor FOB de los minerales exportados en estado natural o concentrado.

Este mecanismo es uno de los llamados canales formales de aporte, que incluyen también impuestos sobre la renta, aranceles, licencias municipales, patentes y, en algunos casos, aportes basados en beneficios netos. Según la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD), existe un mandato para que una parte de los beneficios netos se distribuya en los municipios vinculados a la actividad minera.

La minería puede ser una fuente de ingresos, empleos y desarrollo local, pero su impacto no es automático. La magnitud del beneficio depende de cómo el Estado y los municipios gestionan los recursos, cómo gobiernan las empresas y qué políticas públicas se aplican. Un mal manejo puede traducirse en pérdida de valor, tensiones sociales e incluso daños ambientales que superen los ingresos recibidos.

Lo que reciben típicamente los municipios

1. Beneficios financieros directos

Los municipios pueden recibir transferencias vinculadas a regalías, impuestos locales y tasas por uso de suelo o licencias. En operaciones grandes, esto representa ingresos significativos para el presupuesto municipal. Estudios del IISD confirman que cuando existen mecanismos de reparto activo, estas transferencias pueden transformar las finanzas locales.

2. Beneficios económicos indirectos

La minería genera empleos directos e indirectos, impulsa el consumo local y aumenta la demanda de servicios como transporte, seguridad, alimentación o alojamiento. Esto dinamiza la economía y crea encadenamientos productivos. Empresas como Barrick Pueblo Viejo publican datos sobre compras locales que benefician a pequeñas y medianas empresas de la zona.

3. Infraestructura y servicios comunitarios

Muchas compañías financian escuelas, centros de salud, redes eléctricas o proyectos de agua potable como parte de su responsabilidad social. En el caso de Pueblo Viejo, se reportan inversiones sociales y mejoras en infraestructura que han beneficiado a comunidades de Sánchez Ramírez.

4. Oportunidades de desarrollo

Si se gestionan adecuadamente, los fondos mineros pueden impulsar proyectos de largo plazo: vías rurales, diversificación económica, programas de capacitación, fortalecimiento institucional o iniciativas ambientales.

El otro lado: por qué el beneficio puede ser limitado

1. Fugas de valor

Cuando el procesamiento del mineral ocurre fuera del municipio o del país, gran parte del valor agregado se pierde. Esto limita los ingresos locales frente al verdadero potencial económico.

2. Costos ambientales y sociales

La minería puede generar impactos en agua, suelo, aire y salud pública. En el caso de Pueblo Viejo, investigaciones periodísticas como las de The Guardian han documentado denuncias sobre contaminación y demandas de reubicación, lo que refleja que los beneficios económicos no siempre se traducen en bienestar local.

3. Debilidad administrativa municipal

Muchos municipios no cuentan con capacidad técnica para gestionar grandes ingresos. Esto puede derivar en gastos poco estratégicos, falta de inversión productiva o ausencia de proyectos que generen impacto sostenible.

4. Conflictos sociales y opacidad

Si la distribución de beneficios no es transparente, aumentan las tensiones entre comunidad, Estado y empresa. Según EITI, la falta de claridad sobre cómo se usa el 5% de los beneficios netos ha sido un desafío histórico en el país.

Buenas prácticas que aumentan el beneficio para los municipios

Organismos como EITI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y centros académicos recomiendan:

• Transparencia total en el cálculo y distribución del 5% de beneficios netos.

• Fondos municipales especializados para infraestructura, diversificación productiva y programas sociales.

• Cláusulas de contenido local que incentiven la contratación y compras internas.

• Monitoreo ambiental continuo, financiado por la empresa y supervisado por el Estado.

• Capacitación técnica municipal para administrar grandes recursos con eficiencia.

Panel mínimo de indicadores para evaluar si la minería deja ganancia real

Los municipios deberían publicar informes anuales con:

• Monto total recibido por regalías y transferencias mineras.

• Porcentaje del presupuesto municipal proveniente de la minería.

• Empleo directo e indirecto generado en la jurisdicción.

• Proyectos de infraestructura financiados con fondos mineros.

• Incidentes ambientales y reportes de salud relacionados con la operación.

• Porcentaje de compras locales de la empresa.

La minería puede ser una fuente importante de ingresos y desarrollo para los municipios dominicanos, pero su impacto depende de la gobernanza. Sin transparencia, capacidad técnica, planificación y monitoreo ambiental, lo que parece ganancia puede convertirse en un costo social y ecológico elevado. Los casos locales muestran que cuando se gestionan bien, los recursos mineros impulsan empleo, obras y oportunidades; cuando no, generan conflicto y pérdida de bienestar. La clave está en fortalecer instituciones, asegurar la participación comunitaria y garantizar que cada peso que ingrese se traduzca en beneficios tangibles y sostenibles.

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